El Ministerio de Educación Nacional puso a consideración un proyecto de decreto que modificaría algunas disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y permitiría que personas jurídicas públicas o privadas participen en la administración y operación de establecimientos educativos oficiales por periodos de hasta 12 años.
La iniciativa ya genera una fuerte controversia entre sectores políticos, organizaciones sindicales y representantes del sector educativo, debido a que sus críticos consideran que podría abrir la puerta a una mayor participación de operadores privados y organizaciones religiosas en la educación pública.
¿Qué plantea el proyecto de decreto?
El Gobierno Nacional busca establecer un marco para que terceros puedan participar en la prestación y administración del servicio educativo oficial cuando las entidades territoriales no tengan la capacidad suficiente para garantizar directamente la atención de los estudiantes.
De acuerdo con la propuesta, los operadores podrían organizar, coordinar, administrar y dirigir determinados establecimientos educativos oficiales durante periodos de hasta 12 años. Para asumir esta responsabilidad, deberán demostrar experiencia e idoneidad en el sector educativo.
Uno de los requisitos establecidos es que el operador acredite al menos 10 años de experiencia en la administración o prestación del servicio educativo.
La propuesta también contempla que esta modalidad tenga un carácter excepcional. Es decir, las entidades territoriales tendrían que demostrar previamente que no cuentan con la capacidad suficiente para prestar directamente el servicio educativo antes de recurrir a un tercero.
Privados podrían asumir la administración de colegios oficiales
Uno de los puntos que más debate ha generado es la posibilidad de que personas jurídicas privadas puedan asumir la administración de establecimientos educativos oficiales.
El proyecto contempla que estos operadores puedan encargarse de diferentes funciones relacionadas con la organización, coordinación, administración y dirección de los colegios, de acuerdo con las condiciones establecidas en los respectivos contratos.
La propuesta establece además que las entidades territoriales continuarían teniendo responsabilidades dentro del modelo. Entre ellas estaría aportar la infraestructura educativa y el personal docente, directivo y administrativo oficial que tengan disponible.
Los operadores contratados asumirían aquellos componentes que las entidades territoriales no puedan suministrar, según las necesidades y condiciones definidas para cada institución.
Participación de iglesias y organizaciones religiosas
Otro de los elementos que ha provocado mayor discusión es la participación de iglesias y organizaciones religiosas dentro de instituciones educativas oficiales.
El proyecto contempla que organizaciones religiosas con trayectoria en el campo educativo puedan desarrollar estrategias pedagógicas y prestar apoyo administrativo en establecimientos de educación pública.
Su participación estaría relacionada con el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, PEI, o del Proyecto Educativo Comunitario, PEC, además de otros componentes que las entidades territoriales no estén en capacidad de suministrar.
Estos servicios formarían parte de la canasta educativa contratada y estarían sujetos a las condiciones establecidas por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, el proyecto diferencia esta participación de la administración general de los colegios. La intervención de las organizaciones religiosas en estrategias pedagógicas y apoyo administrativo no significa, bajo esta figura específica, que estas vayan a asumir directamente la administración completa de las instituciones.
La administración general estaría contemplada mediante otra modalidad dirigida a personas jurídicas públicas o privadas.
El requisito de experiencia para los operadores
El proyecto establece requisitos para las organizaciones que quieran asumir estas funciones. Uno de los principales es acreditar experiencia en la administración o prestación del servicio educativo.
La propuesta plantea que los operadores deberán demostrar al menos 10 años de experiencia, con el propósito de garantizar que quienes asuman responsabilidades dentro de las instituciones educativas cuenten con trayectoria en el sector.
La intención del Ministerio es establecer condiciones de idoneidad para evitar que cualquier organización pueda acceder a la administración de un establecimiento oficial sin demostrar experiencia previa.
¿Qué pasaría con los profesores y trabajadores?
Otro de los aspectos que ha despertado preocupación está relacionado con el régimen laboral que podría aplicarse en las instituciones administradas por terceros.
La propuesta contempla que los operadores puedan desarrollar determinadas actividades bajo el régimen laboral privado, situación que ha generado cuestionamientos entre organizaciones sindicales y representantes del magisterio.
Fecode ha advertido que este esquema podría afectar las condiciones de contratación y vinculación de trabajadores de la educación y ha cuestionado la posibilidad de que la participación de operadores privados termine generando procesos de precarización laboral.
La organización sindical también ha expresado preocupación por el manejo de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio educativo cuando estos sean ejecutados mediante operadores particulares.
Fecode rechaza la propuesta
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, se pronunció en contra del proyecto y aseguró que la iniciativa podría representar un avance hacia la privatización de la educación pública.
El sindicato cuestionó especialmente la posibilidad de entregar la administración de colegios oficiales a operadores privados y señaló que el proyecto podría permitir que recursos públicos sean dirigidos hacia particulares.
Fecode también manifestó reparos frente a los cambios que podrían producirse en materia de contratación docente y condiciones laborales.
La organización sindical sostuvo que varios de los elementos incluidos en el proyecto deberían ser revisados desde el punto de vista jurídico y constitucional antes de que se conviertan en una norma definitiva.
Gustavo Petro también cuestionó la iniciativa
Las críticas no se limitaron al sector educativo. El expresidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la propuesta y cuestionó la posibilidad de que operadores privados participen en la administración de colegios públicos.
Petro sostuvo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella estaría intentando trasladar a la educación un modelo similar al que, según su crítica, ha operado en otros sectores como la salud.
El exmandatario afirmó que la participación de intermediarios privados podría terminar afectando los recursos destinados a la educación y cuestionó especialmente la intervención de organizaciones religiosas.
Sus declaraciones se sumaron a las críticas realizadas por Fecode y otros sectores de la oposición, que consideran que el modelo podría modificar el carácter público de la administración educativa.
La discusión sobre la posible privatización
Uno de los principales puntos de la controversia es precisamente si la propuesta constituye o no un proceso de privatización de la educación pública.
Fecode y sectores de la oposición utilizan el término privatización para referirse a la posibilidad de que particulares administren instituciones oficiales y manejen componentes financiados con recursos públicos.
Desde la perspectiva del proyecto, sin embargo, la figura está planteada como un mecanismo excepcional para aquellos casos en los que las entidades territoriales no tengan capacidad suficiente para garantizar directamente la prestación del servicio.
El texto no plantea que todos los colegios públicos del país pasen automáticamente a manos privadas. Lo que establece es una posibilidad de contratación bajo determinadas condiciones, requisitos y circunstancias.
Por esta razón, uno de los puntos centrales de la discusión será determinar hasta dónde puede llegar la participación de los operadores privados y cuáles serán los mecanismos de control sobre los recursos y sobre la prestación del servicio.
Las entidades territoriales mantendrían responsabilidades
Aunque el proyecto contempla la participación de terceros, las entidades territoriales no desaparecerían del esquema.
Los departamentos, municipios y demás autoridades responsables de la educación continuarían teniendo obligaciones relacionadas con la infraestructura y con el personal oficial disponible.
El modelo plantea que los operadores privados puedan asumir aquellos componentes que las entidades territoriales no estén en capacidad de suministrar.
Esto significa que la distribución de responsabilidades tendría que quedar claramente establecida en los contratos que eventualmente se celebren.
También deberán definirse los mecanismos de supervisión y seguimiento para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de acuerdo con las condiciones establecidas y que los estudiantes reciban efectivamente el servicio educativo contratado.
La contratación sería excepcional
Otro de los elementos importantes de la propuesta es que la contratación de terceros para prestar el servicio educativo no sería presentada como una regla general.
Las entidades territoriales tendrían que demostrar que no cuentan con capacidad suficiente para atender a los estudiantes antes de recurrir a esta alternativa.
Esto busca establecer un criterio de excepcionalidad para la participación de privados y organizaciones externas en los colegios oficiales.
Sin embargo, para sus críticos, la duración de los contratos, que podría llegar hasta 12 años, genera interrogantes sobre el impacto que tendría esta modalidad en la administración de los establecimientos educativos a largo plazo.
Un modelo que ya tiene antecedentes
El Gobierno plantea esta propuesta tomando como referencia modelos de administración de colegios públicos mediante terceros que ya han funcionado en algunas partes del país, particularmente en Bogotá.
La intención sería establecer reglas de alcance nacional para determinar cuándo y bajo qué condiciones las entidades territoriales pueden recurrir a operadores externos.
El proyecto busca, de esta manera, definir requisitos de experiencia, responsabilidades, condiciones contractuales y mecanismos para la prestación del servicio.
El papel de las organizaciones religiosas genera debate
La participación de iglesias y organizaciones religiosas se ha convertido en uno de los aspectos más sensibles de la discusión.
Mientras el proyecto plantea que estas organizaciones puedan contribuir con estrategias pedagógicas y apoyo administrativo cuando cumplan los requisitos establecidos, sectores críticos cuestionan que instituciones religiosas tengan participación dentro de establecimientos educativos oficiales.
La discusión incluye aspectos relacionados con la libertad religiosa, la educación pública y los criterios pedagógicos que deberían regir las instituciones oficiales.
También será necesario determinar cómo se garantizaría que cualquier participación de estas organizaciones se ajuste a las normas educativas y a los derechos de los estudiantes.
El proyecto todavía puede cambiar
El decreto se encuentra en etapa de proyecto y fue puesto a consideración para recibir comentarios. Por lo tanto, el texto todavía puede ser modificado antes de una eventual expedición definitiva.
Las observaciones de organizaciones sindicales, entidades territoriales, sectores políticos y demás actores interesados podrán formar parte del proceso de revisión.
Esto significa que las disposiciones actualmente planteadas todavía no implican que los colegios públicos vayan a ser entregados de manera inmediata a operadores privados o religiosos.
La decisión final dependerá del proceso de revisión que adelante el Ministerio de Educación y del texto que eventualmente sea expedido.
Un nuevo pulso por el futuro de la educación pública
La propuesta abrió uno de los debates más fuertes alrededor de la política educativa del Gobierno. Por un lado, el Ministerio plantea mecanismos para garantizar la prestación del servicio en territorios donde las entidades responsables no tengan capacidad suficiente.
Por otro, Fecode y sectores de la oposición consideran que permitir que particulares administren colegios oficiales durante periodos prolongados puede abrir la puerta a una transformación profunda del modelo de educación pública.
La participación de iglesias y organizaciones religiosas añade otro elemento a la discusión, especialmente por el papel que podrían asumir dentro de los proyectos educativos y las estrategias pedagógicas.
Mientras avanza el proceso de comentarios, el proyecto mantiene abierta una discusión sobre la administración de los colegios oficiales, el manejo de los recursos públicos, las condiciones laborales de los docentes y el papel que podrían desempeñar los operadores privados y las organizaciones religiosas dentro del sistema educativo colombiano.
