El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció una nueva ofensiva contra la migración irregular y ordenó a las autoridades iniciar operativos para identificar a extranjeros que permanezcan en el país sin cumplir con las condiciones migratorias establecidas. La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla y, de acuerdo con el mandatario, los procedimientos deberán comenzar esta misma semana.
La decisión marca un endurecimiento de la política migratoria del nuevo Gobierno y abre un nuevo debate nacional sobre seguridad, deportaciones, migración irregular y derechos de los extranjeros que permanecen en Colombia.
Una orden que deberá cumplirse esta semana
Durante su intervención, De La Espriella fue enfático al señalar que no permitirá lo que denominó “migración ilegal” y afirmó que la prioridad de su Gobierno serán los ciudadanos colombianos.
“Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
El mandatario ordenó a Migración Colombia coordinar los operativos con la Policía, inicialmente en Barranquilla, con el propósito de identificar a extranjeros que se encuentren en situación irregular y, especialmente, a aquellos que estén relacionados con actividades delictivas.
La instrucción establece una prioridad: primero serán identificadas las personas extranjeras que estén cometiendo delitos y posteriormente aquellas que permanezcan en el territorio nacional sin haber regularizado su situación migratoria.
De La Espriella también advirtió que los procedimientos no se limitarán a la identificación de estas personas, sino que podrán terminar en procesos de deportación cuando corresponda.
“En el término de la distancia tendrán que ser deportados”.
El presidente calificó la medida como una orden presidencial y sostuvo que las autoridades deberán comenzar a ejecutarla durante esta semana.
Barranquilla, punto de partida
La decisión fue anunciada desde Barranquilla, ciudad que el Gobierno escogió como uno de los primeros escenarios para aplicar esta nueva estrategia de seguridad.
El consejo de seguridad en el que se produjo el anuncio abordó además otros problemas relacionados con la seguridad ciudadana, entre ellos la extorsión, el microtráfico, el hurto y el homicidio. El Gobierno planteó una mayor coordinación entre la Policía, las autoridades migratorias, la Fiscalía y otras instituciones encargadas de la seguridad.
La estrategia migratoria, por tanto, hace parte de un paquete más amplio de medidas de seguridad que busca aumentar los operativos en las calles y fortalecer la capacidad de las autoridades para responder frente a delitos y estructuras criminales.
El presidente también planteó que las próximas reuniones de seguridad deberán concentrarse en verificar resultados y no únicamente en repetir diagnósticos.
¿A quiénes busca deportar el Gobierno?
Uno de los puntos centrales de la nueva política es la diferenciación establecida por el Gobierno entre los extranjeros que cometen delitos y aquellos que simplemente tienen una situación migratoria irregular.
La primera prioridad anunciada son quienes estén involucrados en actividades delictivas. Después aparecen quienes no hayan regularizado su permanencia en Colombia.
El Gobierno sostiene que las personas que se encuentren en alguna de estas situaciones deberán ser sometidas a los procedimientos migratorios correspondientes y, cuando legalmente proceda, enfrentar procesos de deportación.
La medida ha generado especial preocupación entre organizaciones y comunidades de migrantes, particularmente entre la población venezolana, debido al tamaño de esta población en Colombia y a que una parte permanece en condiciones migratorias irregulares. Las estimaciones citadas por distintos reportes sitúan en alrededor de 2,8 millones el número de venezolanos que viven en Colombia, con aproximadamente 848.000 en situación irregular.
La discusión, sin embargo, no se limita a las cifras. También se centra en cómo serán ejecutados los operativos y en la necesidad de distinguir entre una persona que comete un delito y otra que simplemente no ha logrado completar su proceso migratorio.
Una política que genera críticas
El anuncio presidencial también abrió un debate entre sectores políticos y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La representante a la Cámara Alexandra Pineda Ortiz, del Pacto Histórico y representante por el Cesar, integra actualmente la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, encargada de asuntos relacionados, entre otros, con política internacional, defensa, Fuerza Pública, fronteras y comercio exterior.
Desde sectores críticos de la medida se ha advertido sobre el riesgo de asociar automáticamente la migración irregular con la criminalidad. La preocupación está relacionada con que los operativos puedan terminar afectando también a personas que no han cometido delitos pero que enfrentan dificultades para regularizar su permanencia.
La discusión plantea así una diferencia fundamental: una situación migratoria irregular no necesariamente equivale a la comisión de un delito.
Por eso, uno de los principales interrogantes que enfrenta el Gobierno será determinar cómo se aplicarán los controles y cuáles serán las garantías para las personas sometidas a procedimientos migratorios.
El precedente de Estados Unidos
El anuncio también ha generado comparaciones con la política migratoria de Estados Unidos, especialmente con el papel del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Esta agencia estadounidense participa en operaciones para identificar, detener y ejecutar procesos de expulsión de personas que se encuentran sujetas a las leyes migratorias de ese país. Su actuación ha sido objeto de fuertes debates políticos y sociales debido al aumento de operativos migratorios, las detenciones y las deportaciones.
La comparación cobra especial relevancia porque De La Espriella ha expresado una postura de mayor cercanía con la política de seguridad y migración impulsada por sectores de la derecha estadounidense. Su nuevo enfoque representa un cambio frente a políticas anteriores que estuvieron más orientadas hacia la regularización y la integración de la población migrante.
El caso del colombiano Johan Sebastián Durán
Uno de los hechos que ha puesto nuevamente bajo discusión el alcance de los operativos del ICE ocurrió en Biddeford, Maine, donde murió el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años.
Durán Guerrero murió el 13 de julio de 2026 después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo. La Fiscalía General de Maine abrió una investigación y el agente involucrado fue puesto en licencia administrativa mientras se desarrolla el proceso.
De acuerdo con información reportada posteriormente, el colombiano no era el objetivo de la detención. Su familia y defensores locales señalaron además que tenía permiso de trabajo y que se encontraba adelantando un proceso migratorio.
El caso generó preocupación entre comunidades migrantes y volvió a poner en el centro de la discusión el uso de la fuerza durante los operativos migratorios.
Para Colombia, este episodio adquiere relevancia en momentos en que el Gobierno anuncia precisamente una estrategia que contempla un aumento de los operativos contra extranjeros en situación irregular.
Un cambio en la política migratoria
La decisión de De La Espriella supone un giro importante en la forma en que el Gobierno pretende abordar la migración irregular.
Colombia se convirtió durante la última década en uno de los principales países receptores de población venezolana que salió de su país debido a la crisis económica, política y social. Durante el Gobierno de Iván Duque se implementó, por ejemplo, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, mediante el cual millones de personas pudieron acceder a mecanismos de regularización y permanencia temporal.
El actual Gobierno plantea ahora una política con mayor énfasis en el control, la seguridad y la deportación de quienes no cumplan las condiciones migratorias.
La diferencia no es menor. Mientras las políticas anteriores estuvieron marcadas por mecanismos de regularización e integración, la nueva administración plantea una actuación más estricta frente a quienes permanezcan irregularmente en territorio colombiano.
El desafío: seguridad y derechos
La aplicación de esta política tendrá varios desafíos.
El primero será establecer mecanismos eficientes para identificar a las personas que efectivamente están involucradas en delitos, sin convertir la condición migratoria en una presunción de criminalidad.
El segundo será garantizar que los procedimientos de deportación se desarrollen dentro del marco legal correspondiente.
Y el tercero será determinar la capacidad real de las autoridades migratorias para ejecutar una operación de esta magnitud.
La orden presidencial es clara en cuanto a la intención: aumentar los controles, identificar a los extranjeros en situación irregular y acelerar los procedimientos de deportación cuando corresponda. Sin embargo, la implementación deberá enfrentar procesos administrativos, identificación de nacionalidades, verificación de antecedentes, revisión de situaciones particulares y coordinación con los países de destino.
