El departamento del Chocó enfrenta una de las situaciones humanitarias más complejas de los últimos años. A los graves efectos provocados por el terremoto del pasado 10 de agosto se suma el deterioro de las condiciones de seguridad en diferentes territorios, donde comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales están siendo afectadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y daños ambientales.
La alerta fue emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte que las diferentes emergencias están ocurriendo de manera simultánea y terminan profundizando las condiciones de vulnerabilidad de comunidades que históricamente han enfrentado dificultades de acceso a servicios básicos, infraestructura, conectividad y presencia institucional. De acuerdo con la entidad, la situación golpea especialmente a los pueblos étnicos y a las comunidades rurales del departamento.
La preocupación adquiere una dimensión todavía mayor porque el terremoto ocurrido el 10 de agosto, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, dejó afectaciones en distintos municipios del Chocó y obligó a las autoridades a concentrar esfuerzos en la atención de las familias damnificadas. Sin embargo, mientras se desarrolla la respuesta frente a la emergencia natural, en varias zonas del departamento continúa una situación de violencia que limita la posibilidad de que las comunidades puedan movilizarse, acceder a alimentos, recibir atención institucional o abandonar los lugares donde permanecen en riesgo.
La violencia armada se agudiza en el San Juan
Una de las principales preocupaciones de la Defensoría se concentra en la subregión del San Juan, donde desde el terremoto se ha advertido un deterioro de las condiciones de seguridad.
En la comunidad de San Agustín, ubicada en el municipio de Sipí, la Defensoría documentó la presencia durante varios días de integrantes del Clan del Golfo, grupo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, quienes habrían restringido la movilidad de los habitantes e impedido el desarrollo normal de actividades tradicionales de producción y subsistencia.
La entidad también conoció información sobre el avance de este grupo desde Boca de Sipí hacia las inmediaciones de Puerto Murillo, en el municipio de Medio San Juan, aumentando la preocupación de las comunidades que permanecen en estos territorios.
A este escenario se sumaron enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en territorios del Consejo Comunitario General del San Juan, ACADESAN, así como en zonas rurales de Nóvita y Sipí.
La situación se ha agravado por el uso de drones con explosivos durante algunos de estos enfrentamientos, una modalidad que incrementa el riesgo para la población civil y dificulta aún más la permanencia de las comunidades en sus territorios.
Uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 23 de agosto en Charco Hondo, Sipí, donde los enfrentamientos y ataques con drones dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón.
Pero el desplazamiento de estas familias es apenas una parte de una emergencia mucho más amplia.
Según la información preliminar recopilada por la Defensoría, alrededor de 652 familias, equivalentes a unas 3.000 personas, permanecen confinadas en comunidades como Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita.
Comunidades enteras permanecen confinadas
El confinamiento significa que las personas no pueden desplazarse libremente dentro o fuera de sus territorios debido a la presencia, amenazas o acciones de grupos armados. En el caso del Chocó, esta situación tiene consecuencias particularmente graves porque muchas comunidades dependen directamente de sus actividades tradicionales para garantizar su alimentación y subsistencia.
Cuando la movilidad queda restringida, los habitantes no solamente pierden la posibilidad de desplazarse hacia otros municipios. También pueden quedar limitados para trabajar, cultivar, pescar, adquirir alimentos, acceder a servicios médicos o trasladar a personas enfermas.
La Defensoría ha advertido que esta situación se mantiene en diferentes zonas del departamento. En Alto Baudó y Bajo Baudó continúan activos escenarios de confinamiento, mientras que comunidades de Juradó, Nuquí y Bojayá permanecen bajo riesgo de desplazamiento y confinamiento.
A esto se suma la situación de comunidades indígenas ubicadas en diferentes puntos de la vía Quibdó–Medellín, donde el incremento de las actividades de grupos armados ha generado desplazamientos y temor entre la población.
En la parte baja del río Tamaná también se reportan restricciones a la movilidad y zozobra por la presencia del Clan del Golfo. La Defensoría señala afectaciones en comunidades como Paimadó, Tamaná, San Gerónimo, Playa del Rosario, El Tigre y El Guamo, en Medio San Juan, con un reporte preliminar de 129 familias afectadas, equivalentes a 301 personas.
El terremoto profundiza una emergencia que ya existía
El problema es que estas comunidades no están enfrentando únicamente la violencia.
El terremoto del 10 de agosto llegó a un departamento que ya tenía enormes dificultades sociales y territoriales. Por eso, los daños provocados por el movimiento telúrico terminan superponiéndose con una crisis humanitaria que ya estaba presente.
La Defensoría señala que todavía no ha culminado el censo que permita determinar con precisión la totalidad de las personas afectadas por el terremoto en las zonas rurales del departamento.
Esta situación es especialmente preocupante porque varias comunidades permanecen incomunicadas y sin acceso oportuno a ayuda humanitaria básica. Sin una caracterización completa de los damnificados, resulta más difícil establecer cuántas familias necesitan alimentos, alojamiento temporal, atención médica, reconstrucción de viviendas o acompañamiento psicosocial.
La falta de información también representa un desafío para las autoridades encargadas de responder a la emergencia. La propia Defensoría había advertido días después del terremoto que la ausencia de un censo completo dificultaba establecer el número real de damnificados y sus necesidades.
En Quibdó, además, la entidad llamó la atención sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Durante su visita al departamento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el Hospital San Francisco de Asís presentaba una sobreocupación considerable y que era necesario garantizar condiciones adecuadas para mantener la atención en medio de la emergencia.
La violencia también golpea la reconstrucción
La combinación entre desastre natural y conflicto armado plantea un desafío adicional: reconstruir no significa únicamente reparar viviendas o edificios.
En una comunidad donde existe confinamiento, por ejemplo, la llegada de materiales de construcción puede verse limitada. En un territorio donde hay enfrentamientos, las brigadas humanitarias pueden tener dificultades para ingresar. Y en lugares donde la movilidad está restringida, incluso entregar alimentos o medicamentos puede convertirse en una operación compleja.
Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto en el corredor entre Nóvita y Sipí, la Defensoría verificó daños graves en viviendas y bienes colectivos ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, además de afectaciones psicológicas entre los habitantes.
La entidad también acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina. Algunas de estas personas posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país.
En Istmina, además, la Defensoría verificó las condiciones del albergue de ACADESAN, que también resultó afectado por el terremoto, y brindó orientación a una persona herida para garantizar su acceso a atención médica.
Estos hechos evidencian la dimensión de una emergencia que no puede ser atendida desde una sola perspectiva.
El Chocó necesita responder al terremoto, pero al mismo tiempo necesita garantizar la protección de las comunidades frente a los actores armados que continúan disputándose el control territorial.
Minería ilegal, daños ambientales y disputa territorial
A la violencia y al terremoto se suma otro factor que preocupa a las autoridades: el avance de la minería ilegal.
La Defensoría alertó sobre el incremento de entables mineros y el ingreso de maquinaria pesada en sectores de Lloró y Bagadó, así como en el corredor comprendido entre la comunidad negra de Noanamá, en Medio San Juan, y el corregimiento de Cucurrupi, en El Litoral del San Juan.
De acuerdo con la entidad, esta actividad afecta a 11 comunidades afrodescendientes y negras, que reúnen alrededor de 500 familias y unas 1.756 personas, además de siete comunidades indígenas, con aproximadamente 420 familias y 2.120 personas.
La minería ilegal no representa solamente un problema ambiental. En el contexto del Chocó, también se convierte en un factor de disputa territorial entre estructuras armadas ilegales.
La presencia de maquinaria, la explotación de los recursos naturales y el control de las zonas donde se desarrollan estas actividades pueden aumentar las tensiones y profundizar los riesgos para las comunidades que habitan estos territorios.
Los daños ambientales terminan, además, afectando las posibilidades de subsistencia de las comunidades rurales, muchas de las cuales dependen directamente de los ríos, los bosques y las actividades tradicionales desarrolladas en sus territorios.
Una crisis que golpea especialmente a pueblos étnicos
Uno de los elementos centrales de la alerta de la Defensoría es el impacto diferencial que están teniendo estas emergencias sobre pueblos indígenas, comunidades negras y afrodescendientes.
En el Chocó, una parte importante de la población rural se encuentra asentada en territorios colectivos y zonas de difícil acceso. Esto significa que cuando ocurre una emergencia natural o se intensifica la violencia, las dificultades para recibir ayuda pueden ser mucho mayores que en los centros urbanos.
El terremoto dejó daños en viviendas, infraestructura y bienes colectivos, pero la presencia de grupos armados puede impedir que las familias afectadas se desplacen hacia lugares seguros o que las instituciones lleguen con rapidez.
Es una combinación especialmente peligrosa: comunidades que ya enfrentaban condiciones de vulnerabilidad ahora deben afrontar simultáneamente los daños de un desastre natural, el miedo producido por la violencia, las restricciones a la movilidad y la dificultad para acceder a servicios básicos.
Por eso la Defensoría insiste en que la respuesta institucional debe tener un enfoque diferencial y territorial, especialmente para las comunidades étnicas y rurales.
La emergencia no termina cuando deja de temblar
El terremoto del 10 de agosto cambió la vida de miles de familias en el Chocó. Sin embargo, para muchas comunidades la emergencia no terminó cuando cesaron los movimientos de tierra.
Para quienes perdieron sus viviendas, comenzó la incertidumbre de dónde vivir y cómo reconstruir. Para quienes quedaron con sus casas afectadas, apareció el temor frente a nuevos movimientos telúricos. Para quienes viven en zonas rurales, las dificultades de comunicación y acceso complicaron la llegada de ayuda.
Y para quienes habitan territorios afectados por la violencia armada, el terremoto se convirtió en una emergencia adicional sobre una realidad que ya era difícil.
La Defensoría ha insistido precisamente en que la atención debe considerar esta acumulación de riesgos y no tratar cada problema de manera aislada.
Una familia desplazada por la violencia y afectada posteriormente por el terremoto requiere una respuesta mucho más amplia que una simple ayuda de emergencia. Necesita protección, alojamiento, alimentación, atención en salud, acompañamiento psicosocial y garantías para reconstruir su proyecto de vida.
La Defensoría pide acelerar la respuesta institucional
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado directo a los grupos armados para que respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción y precaución, evitando acciones que pongan en riesgo la vida, integridad y movilidad de la población civil.
La entidad también solicitó al Gobierno nacional, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías municipales activar de manera inmediata las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de las personas y avanzar con rapidez en la caracterización y atención integral de las víctimas.
Entre las prioridades se encuentran la alimentación, la salud, la protección y el alojamiento temporal para las familias que han tenido que abandonar sus territorios o que permanecen confinadas.
La Defensoría también pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a las demás entidades competentes culminar de manera urgente el censo de personas afectadas por el terremoto en las zonas rurales y garantizar que la ayuda humanitaria pueda llegar a las comunidades que permanecen aisladas.
Chocó necesita una respuesta integral
La situación que enfrenta el departamento demuestra que la emergencia no puede resolverse únicamente con ayudas de corto plazo.
El terremoto requiere reconstrucción. La violencia requiere protección. El desplazamiento requiere atención integral. El confinamiento requiere garantías de movilidad y seguridad. La minería ilegal requiere control institucional y protección ambiental. Y las comunidades necesitan recuperar la posibilidad de vivir y desarrollar sus actividades en condiciones dignas.
Todo esto ocurre en un territorio que históricamente ha reclamado una mayor presencia del Estado y mejores condiciones de infraestructura, conectividad, salud, educación y oportunidades económicas.
Por eso, la alerta de la Defensoría no debe entenderse solamente como un reporte sobre nuevos hechos de violencia. Es también un llamado para evitar que la emergencia natural termine agravando problemas estructurales que ya existían en el departamento.
El riesgo es que mientras el país concentra su atención en la reconstrucción de las zonas más visibles después del terremoto, las comunidades rurales y étnicas que se encuentran alejadas de los principales centros urbanos queden nuevamente fuera del radar.
Una emergencia que requiere que el país no mire hacia otro lado
El Chocó enfrenta hoy una realidad que exige una respuesta sostenida.
Las cifras muestran familias desplazadas, comunidades confinadas, personas heridas, viviendas destruidas, bienes colectivos afectados y territorios donde persisten las disputas entre grupos armados. A esto se suman los daños ambientales y las dificultades para establecer con precisión el número total de damnificados por el terremoto.
Pero detrás de cada cifra existe una familia, una comunidad y un territorio que necesita atención.
La crisis humanitaria que vive el Chocó no comenzó con el terremoto del 10 de agosto, pero el desastre natural ha hecho todavía más evidente la fragilidad de muchas comunidades. La violencia, por su parte, impide que la recuperación avance con normalidad y genera nuevos desplazamientos y confinamientos.
Por eso, el llamado de la Defensoría es también un llamado a que la emergencia no sea atendida únicamente durante las primeras semanas.
El reto será garantizar que la ayuda llegue a las zonas rurales, que las comunidades puedan recuperar su movilidad, que las familias desplazadas reciban protección, que las personas afectadas por el terremoto sean censadas y atendidas, y que la reconstrucción incluya también las condiciones necesarias para que los habitantes del Chocó puedan permanecer en sus territorios con seguridad y dignidad.
El departamento necesita reconstruir sus viviendas, sus escuelas y sus espacios comunitarios, pero también necesita reconstruir confianza, garantizar derechos y recuperar oportunidades.
Porque en el Chocó hoy no existe una sola emergencia. Existen varias emergencias que se cruzan entre sí: un terremoto que dejó daños materiales y familias afectadas; una violencia armada que provoca desplazamientos y confinamientos; una minería ilegal que deteriora los ecosistemas y alimenta disputas territoriales; y unas condiciones históricas de vulnerabilidad que hacen que cualquier nueva crisis tenga consecuencias mucho mayores.
La advertencia de la Defensoría es clara: mientras continúen estas situaciones de manera simultánea, la crisis humanitaria seguirá profundizándose.
Y la respuesta tampoco puede ser fragmentada. El Chocó necesita que las instituciones nacionales y territoriales actúen de manera coordinada, que la ayuda llegue efectivamente a las comunidades más alejadas y que la protección de la población civil sea una prioridad.
El terremoto sacudió al Chocó, pero la emergencia que vive el departamento va mucho más allá de los daños físicos que dejó el movimiento telúrico. La verdadera dimensión de la crisis se encuentra en las comunidades que hoy enfrentan miedo, desplazamiento, confinamiento, aislamiento y falta de acceso a servicios básicos.
La reconstrucción, por lo tanto, tendrá que ser mucho más que levantar nuevamente lo que se cayó.
Tendrá que significar garantizar que las comunidades puedan vivir seguras en sus territorios, que los niños puedan estudiar, que las familias puedan trabajar, que los enfermos puedan acceder a servicios de salud, que las personas puedan movilizarse libremente y que la ayuda humanitaria llegue a quienes más la necesitan.
Porque el Chocó no puede quedar nuevamente solo cuando pase la emergencia. La reconstrucción del departamento y la protección de sus comunidades tendrán que avanzar de manera paralela, con presencia institucional permanente y con una respuesta que esté a la altura de una crisis humanitaria que, como advierte la Defensoría del Pueblo, se ha vuelto cada vez más compleja.
