Hoy se cumple el primer mes desde que Abelardo De La Espriella tomó posesión como presidente de la República, el pasado 7 de agosto, en Cali. Su llegada al poder rompió con la tradición de iniciar el Gobierno en Bogotá y buscó enviar un mensaje de descentralización y cercanía con las regiones.

Treinta días son insuficientes para determinar si un Gobierno será exitoso o no. No permiten medir todavía resultados estructurales en empleo, salud, educación, economía o pobreza. Pero sí permiten identificar sus prioridades, su manera de enfrentar las primeras crisis y el tono con el que pretende gobernar.

Y en este primer mes hay tres elementos que marcan la administración: un terremoto que llegó apenas tres días después de la posesión, una política de seguridad de mano firme y una constante revisión del Gobierno de Gustavo Petro. A esto se suma una oposición que rápidamente comenzó a ejercer su papel frente al nuevo Ejecutivo.

Un Gobierno que no tuvo luna de miel: el terremoto llegó tres días después de la posesión

De La Espriella llegó a la Presidencia con una agenda centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico, recuperación del orden público, disciplina fiscal y mayor presencia del Estado en las regiones.

Pero el 10 de agosto, apenas tres días después de asumir, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, cambió completamente la agenda.

Fue la primera gran prueba de su Gobierno.

La emergencia dejó cientos de personas fallecidas, miles de heridos y desaparecidos, además de viviendas, colegios, centros de salud e infraestructura afectada. En uno de los primeros balances oficiales se reportaron 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y más de 186.000 personas afectadas.

El Presidente se desplazó a las zonas golpeadas y estuvo en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y otros municipios. Esa presencia territorial coincidió con una de sus principales promesas: gobernar más allá de Bogotá.

La respuesta puede tener dos lecturas. Para sus defensores, mostró un Presidente presente y al frente de una emergencia desde los primeros días. Para sus críticos, la gestión estuvo demasiado concentrada en la figura presidencial y en su comunicación.

Pero el terremoto también convirtió al Chocó en una de las principales apuestas del nuevo Gobierno.

De La Espriella habló de un “Plan Marshall para el Chocó”, vinculando la reconstrucción con problemas históricos de infraestructura, pobreza, vivienda y conectividad. También anunció ayudas, reconstrucción de viviendas, recuperación de infraestructura y participación del sector privado.

El Gobierno aseguró haber gestionado recursos superiores a los dos billones de pesos y anunció una cumbre empresarial en Quibdó para el 7 de septiembre.

El reto ahora es pasar de los anuncios a los resultados.

La reconstrucción será uno de los primeros indicadores para medir la capacidad de ejecución del Gobierno: viviendas entregadas, hospitales y colegios recuperados, vías reconstruidas y familias que puedan regresar a la normalidad.

La pregunta será si la atención al Chocó se mantiene cuando el terremoto deje de ocupar los titulares.

El retrovisor: el Gobierno también ha mirado hacia Petro

El segundo elemento ha sido político.

De La Espriella no solamente comenzó a construir su propia agenda; también dedicó una parte importante de sus primeros días a cuestionar la administración anterior.

El principal símbolo de esa posición fue el denominado “Libro de la Verdad”, entregado el 18 de agosto a los organismos de control con señalamientos sobre presuntas irregularidades durante el Gobierno Petro.

Revisar las cuentas, contratos y decisiones de una administración anterior es legítimo. Cualquier Gobierno debe saber qué recibe y, si encuentra posibles irregularidades, ponerlas en conocimiento de las autoridades.

Pero existe una diferencia fundamental: una denuncia no es una condena.

Por eso, el Libro de la Verdad tendrá verdadero peso institucional si las investigaciones encuentran responsabilidades y permiten esclarecer hechos o recuperar recursos.

El riesgo político está en que la revisión del pasado termine ocupando demasiado espacio en la agenda del nuevo Gobierno.

La pregunta será cuánto tiempo debe mirar hacia atrás una administración.

Lo mismo ocurre con la política de paz. De La Espriella ha marcado distancia frente a la llamada “paz total”, cerrando algunas mesas de diálogo y apostando por una respuesta más militar y policial frente a los grupos armados.

El Gobierno considera que el Estado debe recuperar el control territorial y que no negociará con organizaciones que continúen ejerciendo violencia. Sus críticos advierten que una estrategia exclusivamente militar puede generar consecuencias humanitarias.

El resultado tendrá que medirse en los territorios.

Seguridad: la política más contundente del primer mes

Si hay una prioridad que ha quedado completamente clara es la seguridad.

De La Espriella llegó con una promesa de mano firme y, durante sus primeras semanas, las Fuerzas Militares reportaron 702 capturas y 21 integrantes de grupos armados muertos en operaciones.

El Gobierno presenta estas cifras como una muestra de que su estrategia está produciendo resultados.

Y hay hechos concretos: operaciones contra estructuras del ELN y las disidencias, capturas, extradiciones y bombardeos. Uno de los golpes más recientes fue la operación en La Guajira en la que murió alias Bendito Menor, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

También se realizaron tres bombardeos durante las primeras semanas de Gobierno en Catatumbo y Guaviare.

Para sectores que reclamaban una respuesta más contundente frente al crimen, esta política representa una señal de autoridad y recuperación de la iniciativa estatal.

Pero aquí aparece el principal debate.

Los menores y los límites de la fuerza

Los bombardeos generaron fuertes cuestionamientos porque entre los muertos hubo menores de edad reclutados por grupos armados.

El Gobierno sostiene que estas personas hacían parte de estructuras ilegales y que las operaciones cumplieron los estándares legales. La oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, en cambio, señalan que un menor reclutado continúa siendo una víctima y que el Estado tiene una obligación especial de protegerlo.

La controversia incluso llegó a los tribunales.

Una jueza ordenó provisionalmente suspender bombardeos cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados, mientras se toma una decisión de fondo.

Esto no significa que toda la política de bombardeos haya sido declarada ilegal. Sí significa que existen cuestionamientos judiciales sobre las condiciones en que deben realizarse estas operaciones.

A esto se suma otra discusión: la forma de mostrar los resultados.

El Gobierno ha difundido imágenes de cuerpos y armamento después de algunas operaciones. Para sus seguidores, es una manera de demostrar resultados; para sus críticos, convertir los cadáveres en parte de la comunicación presidencial puede resultar excesivo.

Es uno de los rasgos más visibles del estilo de De La Espriella: una comunicación directa, personal y contundente.

El desafío será demostrar que la mano firme no solamente produce capturas y bajas, sino también una reducción sostenible de homicidios, extorsiones, desplazamientos, reclutamiento de menores y control territorial de los grupos armados.

La oposición: un Gobierno que tuvo contradictores desde el primer día

La oposición tampoco esperó para comenzar a ejercer su papel.

Desde el mismo día de la posesión, sectores del Pacto Histórico encabezados por Iván Cepeda marcaron distancia frente al nuevo Gobierno y anunciaron una oposición democrática y firme. Incluso se realizaron concentraciones alternativas a la ceremonia oficial. 

Durante estas primeras semanas, las principales críticas se han concentrado en la política de seguridad, los bombardeos, la muerte de menores, el enfoque frente a la paz y algunas decisiones del Ejecutivo.

La oposición también buscó organizarse. El Pacto Histórico presentó el denominado “Gabinete por la Vida”, una estructura alternativa para hacer seguimiento a la gestión del Gobierno, cartera por cartera. 

Uno de sus principales voceros, Iván Cepeda, ha cuestionado especialmente la estrategia de seguridad, calificándola de agotada y planteando la necesidad de discutir alternativas frente al narcotráfico y la violencia. 

Pero la oposición también tendrá su propio desafío.

Su papel no consiste únicamente en cuestionar al Gobierno. También debe ejercer control político, presentar alternativas y participar en el debate democrático.

De la misma manera, el Gobierno tendrá que entender que quienes piensan diferente también hacen parte del país que debe gobernar.

La oposición es necesaria en una democracia, pero el reto será evitar que la confrontación política termine reemplazando la discusión sobre soluciones.

Treinta días después: todavía no hay veredicto

Después de un mes, todavía es demasiado pronto para decir que el Gobierno de Abelardo De La Espriella triunfó o fracasó.

Lo que sí comienza a estar claro es su estilo y sus prioridades.

Es un Gobierno que ha buscado presencia territorial, que tuvo que enfrentar una tragedia natural apenas tres días después de asumir, que convirtió la reconstrucción del Chocó en una de sus primeras grandes apuestas, que ha decidido revisar públicamente el legado de Gustavo Petro y que ha puesto la seguridad y la autoridad en el centro de su gestión.

También es un Gobierno que ya enfrenta cuestionamientos por la manera de comunicar sus operaciones, por la muerte de menores en bombardeos y por decisiones que han llegado a los tribunales.

Y políticamente tendrá que gobernar con un Congreso donde existen sectores oficialistas, independientes y de oposición.

Por eso, los verdaderos resultados todavía están por verse.

El terremoto será evaluado por la reconstrucción.
El “Libro de la Verdad”, por las investigaciones que produzca.
La seguridad, por la reducción real de la violencia.
Y el discurso presidencial, por su capacidad de convertirse en políticas públicas.

Pero hay un reto adicional: que el discurso presidencial no se quede solamente en mensajes contundentes, sino que pueda traducirse en decisiones, programas y resultados que mejoren la vida de los colombianos.

Y para lograrlo, el Presidente tendrá que gobernar no solamente con quienes lo respaldan, sino también conversar con quienes piensan diferente, escuchar a las regiones, tender puentes con el Congreso y construir acuerdos cuando sean necesarios.

La oposición tendrá un papel fundamental en ese proceso: controlar, cuestionar y señalar aquello que considere incorrecto, pero también participar del debate democrático y presentar alternativas.

Ese equilibrio también será parte del verdadero examen del Gobierno.

El rumbo del presidente Abelardo De La Espriella ya comienza a ser visible: presencia territorial, revisión del pasado, mano firme en seguridad y una relación con el Congreso que tendrá que construirse entre mayorías, independencia y oposición.

Ahora comienza la parte verdaderamente difícil:

gobernar.

Y gobernar, en una democracia, también significa dialogar, escuchar, negociar, tender puentes y convertir el discurso en políticas públicas y resultados.