Las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes avanzan en una de las discusiones económicas más importantes del año: el Presupuesto General de la Nación para 2027, un proyecto que contempla $634,9 billones, cifra que el Gobierno presenta como el presupuesto más alto de la historia del país. Este martes, coordinadores y ponentes volvieron a reunirse para continuar el análisis de la iniciativa antes de que avance a las plenarias de Senado y Cámara.
El proyecto corresponde a los proyectos de ley 111 de 2026 Senado y 152 de 2026 Cámara y busca establecer el presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. La reunión de este martes fue convocada específicamente para continuar el trabajo de coordinadores y ponentes en el marco del primer debate.
Un presupuesto de $634,9 billones
La cifra que está sobre la mesa es de $634,9 billones, aproximadamente $635 billones. El monto representa un incremento de alrededor de 14,2 % frente al presupuesto vigente de 2026, pero detrás de ese crecimiento existe una de las principales preocupaciones de los congresistas: una proporción considerable de esos recursos está comprometida con el funcionamiento del Estado y, especialmente, con el servicio de la deuda.
De acuerdo con las cifras presentadas por el Senado, el proyecto contempla aproximadamente $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para el servicio de la deuda y $87 billones para inversión. Esto significa que el pago de la deuda adquiere un peso particularmente importante dentro del presupuesto de la próxima vigencia.
Precisamente, el servicio de la deuda pasaría de unos $100,45 billones en 2026 a $155,4 billones en 2027, un aumento cercano al 54,7 %. Mientras tanto, la inversión pública pasaría de $89,5 billones a $87 billones, es decir, tendría una reducción aproximada de 2,8 %.
Este contraste se ha convertido en uno de los principales puntos del debate: el presupuesto total aumenta, pero los recursos destinados directamente a inversión disminuyen, mientras crece con fuerza la obligación de atender la deuda pública.
El Gobierno defiende el proyecto como un ajuste necesario
Durante la primera presentación ante el Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió el proyecto y sostuvo que el país enfrenta una situación fiscal especialmente compleja.
El Gobierno ha presentado el presupuesto como un mecanismo para comenzar a corregir el desequilibrio de las finanzas públicas y evitar que el país avance hacia un escenario de mayor deterioro fiscal. Desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que existen obligaciones que deben ser incorporadas al presupuesto y que no estaban completamente contempladas en el proyecto elaborado por la administración anterior.
La Presidencia, por su parte, ha denominado la propuesta como el “Presupuesto de la Verdad” y sostiene que el incremento frente al proyecto anterior incorpora obligaciones relacionadas con pensiones, salud, salarios de funcionarios, universidades públicas y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, entre otros compromisos.
El Gobierno también ha anunciado un esfuerzo de austeridad de $17,5 billones, que incluiría reducciones en compras de bienes y servicios, inversión considerada no prioritaria y más de 250 líneas de gasto.
La deuda es uno de los principales focos de preocupación
Uno de los puntos que más inquieta a los congresistas y analistas es precisamente la forma como se financiará el presupuesto.
El proyecto contempla una fuerte presión de financiamiento. Según análisis publicados en los últimos días, las necesidades de financiación de 2027 aumentan de manera significativa y el Gobierno tendría que acudir en mayor medida al endeudamiento interno y externo. El servicio de la deuda previsto para el próximo año alcanza los $155,4 billones.
El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Alfredo “Ape” Cuello, advirtió este martes que el proyecto no estaría respaldado por una nueva reforma tributaria en los términos inicialmente esperados y que, por tanto, una parte importante de la discusión tendrá que concentrarse en el endeudamiento. Según sus declaraciones, el Congreso tendría que estudiar incluso un nuevo cupo de endeudamiento, debido a que las autorizaciones existentes estarían próximas a agotarse.
La preocupación no es menor. Cuello señaló que el incremento presupuestal se trasladaría hacia los próximos años a través de mayores obligaciones de capital e intereses, por lo que el crecimiento económico será determinante para que el país pueda absorber esa carga.
En paralelo, un análisis publicado esta semana señala que alrededor de una cuarta parte del presupuesto estaría comprometida con pagos de deuda y que en 2027 vencerían obligaciones por cerca de $93 billones, lo que abre la discusión sobre posibles operaciones de refinanciación y manejo de deuda para reducir la presión inmediata sobre las finanzas públicas.
El primer tropiezo: ausencia de ministros
La discusión presupuestal no ha estado exenta de tensiones políticas.
El 2 de septiembre, apenas un día después de la presentación formal del nuevo proyecto, las Comisiones Económicas Conjuntas tuvieron que levantar la sesión después de que varios ministros y funcionarios citados no asistieran personalmente al debate.
No estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Miguel Gómez; la ministra de Educación, Viviane Morales; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; ni el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago. El Gobierno envió delegados, pero varios congresistas consideraron insuficiente su presencia y cuestionaron la falta de interlocución directa con los responsables de las principales cifras presupuestales.
La situación provocó molestia entre congresistas de diferentes sectores políticos y terminó con el levantamiento de la sesión.
El episodio puso sobre la mesa una preocupación adicional: el Congreso tiene poco margen de tiempo para discutir un presupuesto de semejante magnitud, por lo que cualquier retraso puede aumentar la presión sobre el trámite legislativo.
También hay reparos sobre las cifras
Además del tamaño del presupuesto y del endeudamiento, algunos congresistas han planteado cuestionamientos técnicos sobre los supuestos utilizados para construir las proyecciones.
Durante la presentación del proyecto, representantes señalaron diferencias en algunos documentos relacionados con variables macroeconómicas como la inflación. También se han planteado interrogantes sobre la consistencia de las proyecciones y sobre la forma como se calcularon determinados ingresos y gastos.
Desde sectores de oposición se ha advertido que el Congreso no está dispuesto a aprobar un “cheque en blanco” y que cada rubro tendrá que ser revisado antes de darle luz verde al proyecto. Entre las preocupaciones aparecen los recursos para educación, inclusión social, agricultura, salud, vivienda e infraestructura.
Por otro lado, sectores que respaldan al Gobierno consideran que el presupuesto puede convertirse en una herramienta para reactivar la economía y recuperar sectores que, según sus argumentos, han perdido dinamismo.
¿Y qué pasa con la reconstrucción después del terremoto?
La discusión presupuestal ocurre además en un momento extraordinario para Colombia.
El terremoto del 10 de agosto de 2026 obligó al Gobierno a declarar la Emergencia Económica, Social y Ecológica. La Presidencia estima que la reconstrucción de las zonas afectadas requerirá recursos extraordinarios y ha señalado que los daños podrían superar los $30 billones.
Esto ha llevado a que varios congresistas pidan claridad sobre qué recursos estarán disponibles para atender la emergencia y cómo se incorporarán las necesidades de reconstrucción dentro de las cuentas nacionales. La Cámara señaló desde el inicio de la discusión que uno de los interrogantes centrales de los congresistas estaba precisamente relacionado con los recursos destinados a las regiones afectadas por el terremoto.
La emergencia añade presión a un presupuesto que ya parte de un escenario fiscal complejo. El Gobierno sostiene que la reconstrucción deberá atender sectores como vivienda, salud, educación, servicios públicos, transporte, infraestructura y conectividad.
Un presupuesto que también toca el gasto social
Aunque buena parte de la discusión se concentra en la deuda, el funcionamiento y el déficit, el presupuesto también define cuánto dinero tendrá el Estado para cumplir sus obligaciones sociales.
Los recursos de funcionamiento incluyen compromisos como pensiones, salud, educación y transferencias a las regiones. El Gobierno asegura que algunos de los incrementos responden precisamente a obligaciones que deben ser financiadas.
Sin embargo, la reducción de la inversión pública genera preocupación entre algunos congresistas porque la inversión es la que permite financiar buena parte de los proyectos de infraestructura, vivienda, transporte, desarrollo regional, tecnología y otros programas que buscan generar crecimiento y empleo.
El debate, por tanto, no consiste únicamente en decidir si se aprueban o no $634,9 billones. El Congreso tendrá que definir en qué se gastará cada peso, cuánto se destinará a funcionamiento, cuánto a inversión, cuánto al pago de deuda y de dónde saldrán los recursos para financiar el conjunto del presupuesto.
La discusión entra en una etapa decisiva
Este martes 8 de septiembre, coordinadores y ponentes de las cuatro comisiones económicas continúan el análisis del proyecto en una reunión formal convocada para avanzar en el primer debate.
El Gobierno aseguró el lunes que existe un “ambiente positivo” después de la reunión con los coordinadores y ponentes y que hay disposición para continuar trabajando sobre el proyecto. El ministro de Hacienda sostuvo que el Ejecutivo mantiene el monto cercano a los $635 billones, pero reconoció que será el Congreso el que finalmente decida sobre su aprobación.
La discusión, sin embargo, todavía está lejos de terminar.
Los congresistas tendrán que revisar las cifras, plantear modificaciones, discutir las fuentes de financiación y determinar si el monto propuesto resulta viable frente a la realidad fiscal del país.
El trámite contempla primero la discusión en las Comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara. Una vez superado ese escenario, el proyecto deberá pasar a las plenarias de ambas corporaciones para continuar su trámite legislativo.
Y el tiempo comienza a jugar un papel fundamental. El cronograma legislativo establece que las comisiones económicas deben definir el monto del presupuesto antes del 15 de septiembre, mientras que el trámite completo deberá culminar antes del 20 de octubre de 2026 para que el presupuesto pueda regir durante la vigencia de 2027.
Un debate de casi $635 billones
Con el Gobierno defendiendo su propuesta como un paso necesario para ordenar las finanzas públicas y los congresistas reclamando explicaciones sobre deuda, inversión, gasto social, financiación y reconstrucción, el Presupuesto General de la Nación 2027 se convierte en uno de los principales escenarios de discusión política y económica del país.
Los $634,9 billones no son solamente una cifra: representan las decisiones que tomará el Estado colombiano durante todo 2027 y el margen que tendrá el próximo Gobierno para atender sus obligaciones, financiar programas sociales, ejecutar inversión y responder a emergencias como la provocada por el terremoto.
Mientras las Comisiones Económicas avanzan en el análisis, la gran pregunta que queda sobre la mesa es si el Congreso respaldará el monto propuesto por el Gobierno, si exigirá modificaciones y, especialmente, cómo se garantizará que un presupuesto de esta magnitud sea sostenible sin aumentar todavía más la presión sobre la deuda pública.
La discusión apenas entra en una de sus etapas más importantes y, con los plazos legislativos corriendo, las próximas jornadas serán determinantes para definir el rumbo de las finanzas públicas de Colombia en 2027.
