La muerte de menores de edad en operaciones militares volvió a abrir una fuerte discusión en Colombia sobre los límites de la acción del Estado frente a los grupos armados. El debate tomó fuerza después de la Operación Azarías, realizada en Guaviare, donde Medicina Legal confirmó que dos de los cuerpos recibidos para identificación correspondían a menores de edad.
El caso se suma a una discusión que viene de gobiernos anteriores y que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta especialmente difícil en medio del conflicto armado y es ¿cómo enfrentar a las estructuras ilegales cuando dentro de sus filas también hay niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados?
La Operación Azarías volvió a poner el tema en el centro del debate
La operación se desarrolló el pasado 30 de agosto en la vereda Lagos del Dorado, en jurisdicción de Miraflores, Guaviare, contra estructuras armadas vinculadas con alias Iván Mordisco. El balance oficial reportó 23 integrantes de estos grupos muertos y seis capturados.
Sin embargo, el caso tomó una nueva dimensión después del proceso de identificación de los cuerpos. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que había identificado 20 de los 24 cuerpos que recibió para el proceso forense y confirmó que entre los identificados había dos menores de edad.
La entidad no entregó públicamente las edades ni las identidades de los menores, ni estableció en ese pronunciamiento las circunstancias particulares en las que murió cada uno. Su trabajo corresponde a la identificación y al análisis forense de los cuerpos.
¿Cuántos menores han muerto en este tipo de operaciones?
El caso también reavivó la discusión sobre las operaciones militares realizadas durante los últimos gobiernos.
Un consolidado citado en el debate público registra 107 menores muertos en operaciones militares durante los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y las primeras semanas de la administración de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con esas cifras, 42 corresponderían al gobierno de Duque, 62 al de Petro y tres al actual Gobierno.
La cifra, sin embargo, debe entenderse dentro del contexto del conflicto armado y del reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales. No todos los menores que terminan en estos escenarios llegaron allí por voluntad propia, y precisamente esa condición es uno de los elementos que ha generado mayores cuestionamientos frente a la utilización de bombardeos y otras acciones militares contra campamentos donde podría haber presencia de niños o adolescentes.
La forma de mostrar los cuerpos también generó críticas
La polémica no se concentró únicamente en la muerte de los menores. Después de la Operación Azarías, el presidente Abelardo de la Espriella difundió imágenes en las que aparece caminando cerca de los cuerpos de los integrantes de los grupos armados muertos durante la operación. Esto generó cuestionamientos sobre la manera en que el Gobierno está comunicando sus resultados militares.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó públicamente estas imágenes y señaló que incluso en escenarios de guerra existen límites y que las personas fallecidas deben ser tratadas con dignidad. La funcionaria también pidió reflexionar sobre la manera en que se presentan los resultados de las operaciones de la Fuerza Pública.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el accionar de la Fuerza Pública y ha sostenido que los menores encontrados en estos escenarios hacían parte de estructuras armadas ilegales.
Una discusión que va más allá de una operación militar
El debate no se limita a determinar si una operación fue legal o si los integrantes de un grupo armado representaban una amenaza para las Fuerzas Militares. También está relacionado con las obligaciones que tiene el Estado frente a los menores de edad, incluso cuando estos han sido reclutados por organizaciones armadas y se encuentran dentro de zonas de combate.
Precisamente, una decisión judicial reciente ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra objetivos cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados y pidió al Estado evaluar alternativas menos lesivas para enfrentar estas situaciones.
Esto pone nuevamente sobre la mesa una tensión que Colombia conoce desde hace años como lo es la obligación de combatir a los grupos armados y, al mismo tiempo, proteger a quienes pueden estar siendo utilizados por esas mismas organizaciones.
El reto de combatir sin perder de vista la dignidad humana
La discusión alrededor de la Operación Azarías muestra que el conflicto colombiano no solamente se mide en número de capturados, bajas o resultados militares. También obliga a preguntarse qué ocurre con quienes terminan involucrados en la guerra siendo menores de edad y cuáles son los límites que debe mantener el Estado al momento de responder a las organizaciones armadas.
Mientras continúan las investigaciones y los cuestionamientos, queda una pregunta que sigue abierta para el país y es ¿cómo puede el Estado enfrentar a los grupos armados con firmeza, pero sin dejar de cumplir las obligaciones de protección que existen incluso en medio del conflicto?
