La Contraloría General de la República encendió una nueva alerta sobre el manejo de los recursos y la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia. El organismo de control informó que, después de realizar 32 auditorías de cumplimiento durante 2026 sobre los recursos ejecutados por el programa durante 2025, fueron identificados 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $39.139 millones. Al mismo tiempo, advirtió que cerca de 600.000 estudiantes podrían verse afectados por dificultades para garantizar la continuidad del servicio en 13 Entidades Territoriales Certificadas.
Los resultados corresponden a la revisión realizada por la Contraloría sobre recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al PAE y ejecutados durante la vigencia 2025. En total, las actuaciones de control dejaron 84 hallazgos administrativos. De acuerdo con la información divulgada por el organismo, 71 presentan presunta incidencia disciplinaria, uno tendría presunta incidencia penal, cinco fueron remitidos para indagación preliminar y 41 presentan presunta incidencia fiscal, esta última por un monto acumulado de $39.139 millones.
La cifra representa uno de los principales puntos de la alerta emitida por el ente de control, debido a que los hallazgos están relacionados con recursos destinados a un programa que tiene como propósito garantizar alimentación a estudiantes de establecimientos educativos oficiales durante su jornada escolar. La Contraloría señaló que las situaciones encontradas están vinculadas principalmente con problemas en la ejecución contractual, deficiencias en la planeación y supervisión, sobrecostos y pagos por valores superiores a los que correspondían.
¿Qué encontró la Contraloría en los recursos del PAE?
Dentro de los hallazgos con presunta incidencia fiscal, la Contraloría estableció una distribución de las principales situaciones detectadas. El 60 % está relacionado con deficiencias en la ejecución de los contratos, incluyendo problemas de planeación, manejo de la información, supervisión y control. Otro 30 % corresponde a sobrecostos asociados con pagos a manipuladoras de alimentos y con las raciones alimentarias, mientras que el 10 % restante está relacionado con mayores valores pagados.
Esto significa que una parte importante de las observaciones fiscales no se concentra únicamente en el valor de los alimentos suministrados, sino también en la manera como fueron planeados, contratados, ejecutados y supervisados los recursos del programa.
La Contraloría puso especial atención en las deficiencias relacionadas con la gestión contractual. La planeación de los contratos, la información utilizada para su ejecución, los mecanismos de supervisión y los controles implementados por las entidades responsables hacen parte de los aspectos en los que se identificaron situaciones que, según el organismo, podrían haber generado afectaciones a los recursos públicos.
Otro componente corresponde a los sobrecostos. Según el reporte de la Contraloría, estos representan el 30 % de las situaciones fiscales identificadas y están relacionados principalmente con los pagos efectuados a manipuladoras de alimentos y con las raciones suministradas a los estudiantes.
El 10 % restante corresponde a mayores valores pagados, otro de los aspectos que quedó incluido dentro de los hallazgos con presunta incidencia fiscal.
Es importante precisar que un hallazgo con presunta incidencia fiscal no equivale por sí mismo a una condena o a una responsabilidad definitiva. Los casos identificados por la Contraloría deben continuar los trámites correspondientes y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades que eventualmente puedan existir.
84 hallazgos administrativos y diferentes tipos de incidencia
El balance presentado por la Contraloría no se limita a los $39.139 millones relacionados con los hallazgos fiscales. Las 32 actuaciones de control también produjeron 84 hallazgos administrativos.
De esos 84 hallazgos, 71 presentan presunta incidencia disciplinaria, mientras que uno tiene presunta incidencia penal. Además, cinco casos fueron trasladados para indagación preliminar. Paralelamente, 41 hallazgos fueron clasificados con presunta incidencia fiscal por los $39.139 millones mencionados.
La existencia de diferentes tipos de hallazgos significa que las situaciones encontradas pueden tener distintas rutas institucionales. Mientras los hallazgos fiscales están relacionados con posibles afectaciones al patrimonio público, los de carácter disciplinario o penal pueden dar lugar a actuaciones ante las autoridades correspondientes cuando existan elementos para ello.
La Contraloría continuará el trámite de los hallazgos conforme a sus competencias y a los procedimientos establecidos para determinar las responsabilidades que correspondan.
La otra alerta: riesgo para cerca de 600.000 estudiantes
Más allá de los hallazgos relacionados con los recursos ejecutados en 2025, la Contraloría lanzó una segunda alerta que tiene relación directa con la prestación del servicio durante 2026.
El organismo de control señaló que existen 13 Entidades Territoriales Certificadas en las que algunos contratos del PAE ya finalizaron o están próximos a terminar y, según la información revisada, no se evidencian procesos contractuales en curso o disponibilidad de recursos suficientes para garantizar la continuidad del programa durante lo que resta del año.
La situación podría afectar a aproximadamente 600.000 estudiantes.
La advertencia no significa que los 600.000 estudiantes hayan dejado de recibir actualmente la alimentación escolar, sino que, de acuerdo con la Contraloría, existe un riesgo de interrupción del servicio en esos territorios si no se adoptan las medidas contractuales y presupuestales necesarias para garantizar su continuidad.
El problema está relacionado con la finalización de contratos y con la ausencia, según el organismo de control, de procesos o recursos que permitan asegurar la prestación del servicio durante los meses restantes de 2026.
Por esta razón, la Contraloría llamó la atención sobre la necesidad de que las entidades responsables adelanten oportunamente los procesos correspondientes y aseguren los recursos necesarios para evitar interrupciones.
El PAE todavía no alcanza cobertura universal
La alerta adquiere una dimensión mayor al tener en cuenta que el Programa de Alimentación Escolar todavía no llega a todos los estudiantes que podrían requerirlo.
De acuerdo con información oficial del programa citada por la Contraloría, la cobertura nacional del PAE durante 2026 se ubica en el 87 %. Esto significa que cerca de un millón de estudiantes todavía no reciben alimentación escolar en sus entornos educativos.
En este contexto, la posible interrupción del servicio en determinados territorios se suma a una situación nacional en la que todavía existe una población estudiantil que permanece por fuera de la cobertura del programa.
La Contraloría señaló que la situación requiere atención tanto sobre el manejo de los recursos como sobre las condiciones que permitan garantizar la continuidad del servicio.
Recursos ejecutados en 2025, alerta durante 2026
Uno de los aspectos centrales del informe es diferenciar los dos momentos a los que se refiere la alerta.
Los $39.139 millones corresponden a hallazgos con presunta incidencia fiscal derivados de la revisión de recursos del PAE ejecutados durante 2025. Las auditorías fueron realizadas durante 2026 y abarcaron 32 actuaciones de control fiscal.
En cambio, la advertencia sobre los 600.000 estudiantes está relacionada con la continuidad del programa durante 2026 y con la situación contractual de 13 Entidades Territoriales Certificadas.
De esta manera, el organismo de control presentó dos preocupaciones diferentes: por un lado, las posibles afectaciones a los recursos públicos encontradas al revisar la ejecución de 2025; y por otro, el riesgo de que el servicio de alimentación escolar no pueda mantenerse en algunos territorios durante 2026 debido a la finalización de contratos y a la falta de procesos o recursos suficientes.
Problemas en la ejecución contractual, uno de los principales focos
Los resultados de las auditorías muestran que la ejecución contractual constituye uno de los principales puntos de atención.
Según la Contraloría, el 60 % de los hallazgos fiscales está relacionado con fallas en la planeación, la información, la supervisión y el control de los contratos. Estos elementos son fundamentales en un programa que requiere coordinar la compra de alimentos, la preparación y distribución de las raciones, la contratación de personal, el seguimiento a los operadores y la entrega efectiva de los complementos alimentarios a los estudiantes.
Cuando existen deficiencias en alguno de estos procesos, pueden generarse situaciones que afecten tanto la calidad y oportunidad de la prestación del servicio como el manejo de los recursos públicos.
Los hallazgos relacionados con sobrecostos y mayores valores pagados también forman parte de la revisión adelantada por el organismo de control.
Las manipuladoras de alimentos y las raciones, dentro de los hallazgos
Otro de los elementos destacados en el informe tiene que ver con los pagos a las manipuladoras de alimentos y con los valores relacionados con las raciones entregadas.
La Contraloría estableció que el 30 % de los hallazgos fiscales está asociado con sobrecostos en estos componentes.
Las manipuladoras cumplen un papel fundamental dentro de la operación cotidiana del programa, especialmente en las instituciones educativas donde se preparan, organizan o distribuyen los alimentos. Por ello, los recursos destinados a su labor hacen parte de la estructura financiera de los contratos revisados.
En paralelo, las raciones alimentarias constituyen uno de los principales componentes del gasto del PAE, debido a la cantidad de estudiantes atendidos y a la frecuencia con la que deben ser suministradas durante el calendario escolar.
La Contraloría incluyó estos aspectos dentro de las situaciones que deberán continuar su respectivo trámite institucional.
¿Qué puede pasar con los hallazgos fiscales?
Los $39.139 millones identificados por la Contraloría corresponden a hallazgos con presunta incidencia fiscal. Esto implica que el organismo de control encontró elementos que podrían representar una afectación al patrimonio público y que deben continuar el procedimiento establecido para determinar las responsabilidades correspondientes.
El proceso no significa automáticamente que las personas o entidades involucradas deban responder por la totalidad de los recursos señalados. La determinación de responsabilidades requiere el desarrollo de las actuaciones correspondientes y el análisis de las pruebas y circunstancias de cada caso.
De igual manera, los hallazgos con presunta incidencia disciplinaria o penal siguen rutas diferentes ante las autoridades competentes.
La información entregada por la Contraloría constituye, por tanto, un resultado de las auditorías y una alerta institucional, mientras los procesos derivados de los hallazgos continúan su curso.
El desafío de garantizar la continuidad del programa
La segunda preocupación planteada por la Contraloría está relacionada con la planeación de los contratos para garantizar que el servicio no se interrumpa.
En las 13 Entidades Territoriales Certificadas señaladas por el organismo, algunos contratos ya finalizaron o estaban próximos a finalizar. La advertencia se produce porque, según la revisión, no se evidenciaban en todos los casos procesos contractuales en curso o recursos disponibles suficientes para garantizar la prestación del servicio durante 2026.
Para evitar que la alimentación escolar se vea interrumpida, las entidades responsables deben contar con mecanismos de contratación y financiación que permitan cubrir los periodos correspondientes.
La advertencia de la Contraloría busca precisamente llamar la atención sobre la necesidad de anticipar esos procesos y evitar que la finalización de un contrato deje un periodo sin cobertura.
Cerca de un millón de estudiantes aún están por fuera del programa
La información sobre cobertura también plantea un desafío adicional para las autoridades educativas.
Con una cobertura nacional del 87 % durante 2026, cerca de un millón de estudiantes todavía no reciben alimentación escolar en sus instituciones educativas, según las cifras oficiales citadas por la Contraloría.
Esto significa que las dificultades advertidas sobre la continuidad del servicio se producen mientras el país todavía tiene pendiente ampliar la cobertura del PAE.
El programa constituye una de las principales estrategias de apoyo alimentario dentro del sistema educativo oficial y busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas y a las condiciones necesarias para el desarrollo de su jornada escolar.
Una nueva revisión sobre el manejo de recursos públicos
Los resultados conocidos el 29 de septiembre de 2026 vuelven a poner bajo revisión la administración de los recursos destinados al PAE.
La Contraloría informó que las 32 actuaciones realizadas durante 2026 permitieron identificar situaciones relacionadas con planeación, ejecución contractual, supervisión, control, sobrecostos y pagos superiores a los correspondientes.
Al mismo tiempo, la entidad alertó que la continuidad del programa enfrenta dificultades en 13 territorios y que cerca de 600.000 estudiantes podrían verse afectados si no se garantiza oportunamente la contratación y financiación necesaria.
El organismo de control mantiene el seguimiento sobre los recursos y sobre las condiciones de prestación del servicio, mientras los hallazgos identificados continúan los trámites correspondientes.
La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, entidad encargada de administrar el programa, no se había pronunciado públicamente sobre los hallazgos anunciados por la Contraloría al momento de los reportes publicados el 29 de septiembre.
El reto para las entidades territoriales
La situación plantea un reto para las entidades territoriales responsables de la ejecución del programa: garantizar que los recursos destinados al PAE sean administrados bajo condiciones adecuadas de planeación, contratación, supervisión y control, y que los contratos permitan prestar el servicio durante todo el periodo requerido.
Los hallazgos fiscales deberán seguir su trámite para establecer si efectivamente existieron daños al patrimonio público y determinar las responsabilidades correspondientes. Paralelamente, la alerta de continuidad requiere que las entidades involucradas adopten las medidas necesarias para evitar interrupciones en el suministro de alimentos.
En medio de este escenario, la Contraloría mantiene la vigilancia sobre un programa que involucra recursos públicos destinados directamente a la alimentación de estudiantes de instituciones educativas oficiales.
La alerta combina así dos problemas diferentes, pero relacionados: por un lado, la identificación de presuntas irregularidades fiscales por $39.139 millones en recursos ejecutados durante 2025; y por otro, el riesgo de continuidad del servicio durante 2026 para cerca de 600.000 estudiantes en 13 Entidades Territoriales Certificadas.
Mientras avanzan los trámites derivados de los hallazgos, las autoridades territoriales deberán garantizar la continuidad de la alimentación escolar donde existan riesgos contractuales o presupuestales. El seguimiento de la Contraloría continuará sobre la utilización de los recursos y sobre las condiciones necesarias para que el programa pueda mantenerse sin interrupciones.
El caso vuelve a poner en el centro del debate público la importancia de la planeación y vigilancia de los recursos destinados a la alimentación escolar, especialmente en un momento en el que, según las cifras oficiales citadas por el organismo de control, el PAE alcanza una cobertura del 87 % y cerca de un millón de estudiantes todavía permanecen por fuera del programa.
