Crece la tensión en varias regiones del país mientras las Fuerzas Militares intensifican sus operaciones contra el ELN y las disidencias de las FARC.
El Gobierno Nacional aceleró durante sus primeros días de administración la ofensiva militar contra las estructuras armadas ilegales, con operaciones concentradas principalmente en regiones como Catatumbo, Cauca y Meta. La estrategia incluye bombardeos, capturas, operaciones contra cabecillas y acciones de control territorial, en una apuesta por recuperar la iniciativa de la Fuerza Pública frente a los grupos que mantienen presencia armada en diferentes zonas del país.
La ofensiva, sin embargo, también ha generado preocupación entre comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos por los posibles efectos sobre la población civil que permanece en medio de la confrontación. Uno de los episodios que mayor atención ha generado ocurrió en el Catatumbo, Norte de Santander, donde un bombardeo dirigido contra una estructura del ELN fue seguido por denuncias sobre campesinos heridos y afectaciones a comunidades de la zona.
Según los reportes conocidos sobre la operación, el bombardeo se realizó en zonas rurales de Tibú y San Calixto. Mientras el Gobierno presentó la acción como parte de la ofensiva contra el ELN, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre posibles afectaciones a civiles. De acuerdo con estas denuncias, tres campesinos resultaron heridos, además de registrarse afectaciones en viviendas y desplazamiento de algunas familias.
La situación provocó llamados a reforzar las medidas de protección para las comunidades y a garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en territorios donde la presencia de grupos armados y de población campesina genera un escenario de alta complejidad para las operaciones militares.
El Gobierno defiende la ofensiva
La administración de Abelardo de la Espriella ha planteado una política de seguridad caracterizada por una mayor presión operacional contra las organizaciones armadas. En los primeros días de gobierno se han anunciado diferentes acciones contra estructuras del ELN y las disidencias de las FARC, incluyendo operaciones contra mandos considerados objetivos de alto valor.
Entre los resultados reportados por las autoridades se encuentran capturas y muertes de integrantes de estructuras armadas, así como incautaciones de material bélico. La ofensiva también se ha extendido a otros territorios donde las Fuerzas Militares mantienen operaciones contra grupos vinculados con las disidencias.
El Catatumbo se convirtió rápidamente en uno de los principales escenarios de esta nueva estrategia. La región arrastra desde hace años una compleja situación de seguridad y una disputa territorial entre organizaciones armadas, que ha provocado desplazamientos, confinamientos y graves afectaciones para las comunidades.
A esta situación se suma el uso cada vez más frecuente de drones cargados con explosivos por parte de los grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha documentado el crecimiento de este tipo de ataques en el país y sus consecuencias tanto para integrantes de la Fuerza Pública como para civiles.
La respuesta de los grupos armados
El incremento de las operaciones militares también ha estado acompañado por una respuesta de las organizaciones ilegales.
En el Catatumbo, por ejemplo, se han registrado ataques contra instalaciones militares mediante aeronaves no tripuladas. En uno de los hechos reportados durante esta semana, las autoridades señalaron el empleo de numerosos drones contra una base militar ubicada en Convención, Norte de Santander.
El uso de estos dispositivos representa uno de los principales desafíos para las Fuerzas Militares, debido a que permite a los grupos armados realizar ataques a distancia y contra posiciones militares sin necesidad de establecer un enfrentamiento directo. La situación evidencia cómo el conflicto armado ha incorporado nuevas tecnologías y métodos de ataque, mientras las Fuerzas Militares buscan fortalecer sus capacidades de detección y respuesta.
Cauca también permanece en tensión
El escenario de confrontación no se limita al Catatumbo. En Cauca, las operaciones militares contra estructuras de las disidencias también han provocado enfrentamientos y ataques. Los combates en zonas rurales han dejado integrantes de la Fuerza Pública y civiles heridos, mientras se han reportado hostigamientos, explosiones, lanzamiento de granadas y ataques con drones.
Esto obliga a las Fuerzas Militares a mantener operaciones simultáneas en diferentes regiones del país, en momentos en que además deben responder a otras emergencias nacionales, como las consecuencias del terremoto que golpeó al suroccidente colombiano.
Una población civil atrapada entre dos fuegos
La principal preocupación que surge en medio de esta nueva escalada es la situación de las comunidades que viven en los territorios donde se desarrollan las operaciones.
En zonas como el Catatumbo, muchas familias permanecen en áreas rurales donde conviven con la presencia de estructuras armadas y con el despliegue de la Fuerza Pública. Cualquier aumento de los enfrentamientos puede traducirse en desplazamientos, restricciones a la movilidad, afectaciones a viviendas y dificultades para acceder a servicios básicos.
Por eso, las alertas de la Defensoría del Pueblo y de autoridades locales han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de que las operaciones militares se desarrollen bajo los principios de distinción y proporcionalidad, con especial atención a la protección de quienes no participan directamente en las hostilidades.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el carácter legítimo de sus operaciones y ha sostenido que estas están dirigidas contra estructuras armadas ilegales. El Ministerio de Defensa incluso ha rechazado algunas versiones sobre afectaciones a civiles relacionadas con el bombardeo del Catatumbo.
Un nuevo escenario de seguridad
Los primeros días de la administración muestran, de esta manera, un cambio en el énfasis de la política de seguridad. La Fuerza Pública busca recuperar la iniciativa operacional y aumentar la presión contra las organizaciones armadas, mientras estas responden con ataques, explosivos y drones.
El desafío será mantener esa capacidad ofensiva sin aumentar los riesgos para las comunidades que viven en las zonas de conflicto. La situación del Catatumbo resume buena parte de esta tensión: el Estado busca golpear militarmente a las estructuras ilegales, mientras las comunidades reclaman que la respuesta no termine afectando a quienes permanecen en medio de la confrontación.
Con operaciones activas en Catatumbo, Cauca y otras regiones, el país entra así en una nueva etapa de presión militar contra el ELN y las disidencias de las FARC. Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos y las autoridades locales mantienen la alerta sobre las consecuencias humanitarias que pueda generar esta escalada.
La ofensiva militar avanza, pero la protección de la población civil se convierte en uno de los principales desafíos para el Gobierno en esta nueva fase del conflicto.
